La falta de nombres, facturas, gastos detallados y quién cobra se debe a una combinación de factores estructurales, legales y políticos en España, que perpetúan la opacidad:

1. Leyes opacas y retrasos legislativos: La Ley de Administración Abierta, en consulta pública desde 2024, no obliga a publicar facturas individuales ni detalles de asesores (los "asesores fantasma" del Gobierno de Sánchez aparecen en boletines agregados, incumpliendo resoluciones del Consejo de Transparencia). Solo 11 comunidades autónomas tienen consejos de transparencia, y el Índice de Cumplimiento de Obligaciones de Publicidad (ICIO) de los partidos políticos está por debajo del 55%. Esto permite que datos específicos (nombres, facturas) queden ocultos bajo resúmenes genéricos o no se publiquen.
2. Politización y lentitud judicial: La "corrupción legal" aprovecha vacíos legales para eludir impuestos o esconder gastos, sin violar técnicamente la ley. Casos como Gürtel muestran que la politización de la Justicia retrasa investigaciones: los sospechosos no fueron juzgados hasta años después, diluyendo la presión pública. Esto protege a los implicados, ya que los procesos largos evitan la exposición inmediata de nombres o detalles.
3. Falta de filtraciones y secretismo institucional: Las grandes revelaciones (como Pandora Papers o Paradise Papers) son excepcionales y dependen de filtraciones externas. Hacienda española investiga "decenas de miles" de casos en paraísos fiscales, pero lo hace en silencio, sin divulgar nombres a menos que haya condena firme. Además, la presión social en plataformas como X (Twitter) amplifica el debate sobre transparencia (ej. el caso de José Antonio Kast en Chile, con sociedades ocultas, refleja dinámicas similares), pero no fuerza la publicación de datos concretos.
4. Protección de elites y cultura de opacidad: Los ricos y políticos usan paraísos fiscales para elusión (legal) o evasión (ilegal), pero las leyes no exigen transparencia total. Por ejemplo, el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2024 señala que España cayó al puesto 46 globalmente por "estancamiento legislativo" y desmantelamiento de estructuras anticorrupción. Solo 4 autonomías tienen agencias antifraude, y no hay sanciones efectivas para quienes ocultan datos.

En resumen, la percepción de corrupción crece (erosionando la confianza pública), pero la falta de nombres y facturas persiste por leyes débiles, procesos judiciales lentos, secretismo institucional y dependencia de filtraciones raras. Transparencia Internacional propone medidas como excluir a investigados de listas electorales y prohibir operaciones con paraísos fiscales, pero su implementación es lenta.