la percepción de corrupción en España está en aumento, como refleja la caída del país al puesto 46 en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2024 de Transparencia Internacional, con un puntaje de 56/100 (4 puntos menos que en 2023). Esto erosiona la confianza pública, ya que la ciudadanía ve cómo los escándalos (como el Caso Koldo o Gürtel) se prolongan sin resoluciones claras ni datos específicos (nombres, facturas, beneficiarios). Los motivos de la opacidad son:
- Leyes débiles: La Ley de Administración Abierta sigue en consulta pública en 2025, sin obligar a desglosar facturas individuales ni revelar asesores (el Gobierno ignora al Consejo de Transparencia al publicar datos agregados). Solo 11 autonomías tienen consejos de transparencia, y el cumplimiento de publicidad de partidos políticos es bajo (ICIO <55%).
- Procesos judiciales lentos: La politización de la Justicia y la "corrupción legal" (elusión vía vacíos legales) retrasan investigaciones. En casos como Gürtel, los implicados tardaron años en ser juzgados, diluyendo la exposición pública de nombres y detalles.
- Secretismo institucional: Hacienda investiga "decenas de miles" de casos en paraísos fiscales, pero no publica nombres salvo en condenas firmes. La falta de agencias antifraude (solo 4 autonomías las tienen) agrava la opacidad.
- Dependencia de filtraciones: Los nombres solo salen a la luz por filtraciones excepcionales como Pandora Papers o Paradise Papers. En 2025, no hay nuevas filtraciones masivas, y los casos en X (como el de José Antonio Kast en Chile) muestran que la presión social no basta para forzar transparencia.
- Excluir a investigados de listas electorales, para evitar que políticos bajo sospecha sigan en cargos públicos.
- Prohibir operaciones con paraísos fiscales, cerrando vías de elusión fiscal.
- Crear una Autoridad Independiente Anticorrupción con poder sancionador.
- Reforzar la publicidad activa, exigiendo desglose detallado de gastos y contratos.
