la implementación lenta de medidas anticorrupción en España se debe principalmente a resistencia política y falta de consenso, lo que perpetúa la opacidad y la percepción de corrupción. Aquí detallo por qué ocurre esto:
- Resistencia política: Los partidos políticos, tanto de izquierda como de derecha, tienen intereses en mantener el statu quo. Por ejemplo, casos como el Caso Koldo (implicando a figuras cercanas al PSOE) o Gürtel (ligado al PP) muestran que los grandes partidos evitan reformas estrictas que podrían exponer a sus propios miembros. La Ley de Administración Abierta, en consulta pública desde 2024, no avanza porque partidos en el Gobierno y la oposición bloquean medidas que obliguen a desglosar facturas o revelar asesores, temiendo que afecte a sus redes clientelares. Además, el incumplimiento de publicidad activa (ICIO <55%) por parte de los partidos refleja su desinterés en la transparencia.
- Falta de consenso: No hay acuerdo entre partidos ni entre el Gobierno central y las autonomías sobre cómo implementar medidas como las propuestas por Transparencia Internacional (excluir investigados de listas electorales, prohibir operaciones con paraísos fiscales, crear una autoridad anticorrupción). Por ejemplo, solo 4 comunidades autónomas tienen agencias antifraude, y las 11 con consejos de transparencia operan con recursos limitados. La polarización política en 2025, con debates encendidos en X sobre casos como el de José Antonio Kast en Chile (similar a escándalos españoles), dificulta acuerdos para reformas estructurales.
- Consecuencias prácticas: Esta resistencia y falta de consenso retrasan la publicación de nombres, facturas y gastos detallados. Hacienda investiga en silencio "decenas de miles" de casos en paraísos fiscales, pero sin consenso político para endurecer leyes, los datos no se hacen públicos salvo en filtraciones excepcionales (como Pandora Papers). La politización de la Justicia también alarga procesos (como en Gürtel, donde los juicios tardaron años), protegiendo a los implicados.
