la resistencia política y la falta de consenso son barreras fundamentales que impiden avanzar en reformas anticorrupción en España, perpetuando un sistema opaco que protege a las elites y alimenta la percepción de corrupción, como evidencia la caída de España al puesto 46 en el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) 2024 de Transparencia Internacional (puntuación de 56/100, 4 puntos menos que en 2023). Aquí desgloso las razones y consecuencias:

1. Resistencia política:
   • Intereses partidistas: Los grandes partidos (PSOE, PP, etc.) evitan reformas que expongan a sus miembros o redes clientelares. Por ejemplo, el Caso Koldo (implicando a figuras cercanas al PSOE) y Gürtel (ligado al PP) muestran cómo ambos lados protegen a los suyos, bloqueando medidas como la exclusión de investigados de listas electorales.
   • Opacidad legislativa: La Ley de Administración Abierta, estancada en consulta pública en 2025, no obliga a publicar facturas individuales ni datos de asesores (el Gobierno oculta información de asesores de Sánchez, incumpliendo al Consejo de Transparencia). Los partidos tienen un bajo cumplimiento de publicidad activa (ICIO <55%), lo que refleja su resistencia a transparentar gastos o contratos.
   • Protección de elites: Políticos y ricos usan vacíos legales para eludir impuestos o esconder fortunas en paraísos fiscales, y la falta de voluntad política permite que estas prácticas persistan. Por ejemplo, casos como el de Jordi Pujol (Andorra) o Amancio Ortega (Suiza/Luxemburgo) muestran cómo las elites se benefician de la opacidad.
2. Falta de consenso:
   • Polarización política: En 2025, la polarización en España (visible en debates en X, como los que comparan escándalos locales con el caso de José Antonio Kast en Chile) impide acuerdos entre partidos para implementar las 40 medidas propuestas por Transparencia Internacional, como prohibir operaciones con paraísos fiscales o crear una autoridad anticorrupción independiente.
   • Desigualdad autonómica: Solo 4 comunidades tienen agencias antifraude, y 11 cuentan con consejos de transparencia, pero con recursos limitados. La falta de coordinación entre el Gobierno central y las autonomías frena una estrategia unificada contra la corrupción.
   • Lentitud legislativa: Reformas como las propuestas por Transparencia Internacional requieren consenso en el Congreso, pero la fragmentación política y los intereses opuestos (ej. proteger lobbies financieros) retrasan avances.
3. Consecuencias:
   • Opacidad sistémica: La falta de reformas permite que nombres, facturas y beneficiarios de gastos públicos sigan ocultos. Hacienda investiga "decenas de miles" de casos en paraísos fiscales, pero sin divulgar datos salvo en condenas firmes, lo que depende de filtraciones raras como Pandora Papers.
   • Protección de elites: La lentitud judicial, como en Gürtel (donde los juicios tardaron años), asegura que las elites políticas y económicas evadan escrutinio público durante largos períodos.
   • Erosión de confianza: La percepción de corrupción crece porque la ciudadanía ve que los escándalos se acumulan sin consecuencias claras, lo que alimenta la desconfianza en las instituciones (España está por debajo de Ruanda en el IPC 2024).

En conclusión, la resistencia política y la falta de consenso mantienen un sistema donde la opacidad protege a las elites, mientras la percepción de corrupción crece. Transparencia Internacional urge medidas como excluir a investigados de cargos públicos y prohibir operaciones con paraísos fiscales, pero sin voluntad política, estas propuestas no avanzan.