debate real y candente sobre el padrón municipal de Barcelona. Vamos a desgranarlo con datos verificables para contextualizarlo, sin adornos ni sesgos.

La cifra: sí, es real y oficialEl Ayuntamiento de Barcelona tiene registradas 47.225 personas sin domicilio fijo en su padrón municipal, según los datos internos más recientes del consistorio. Esta figura representa cerca del 3% de la población empadronada total de la ciudad (alrededor de 1,6 millones) y ha crecido de forma exponencial: de 4.815 en 2016 a 46.492 en enero de 2024, multiplicándose por 12 en menos de una década. El aumento se aceleró durante la pandemia y con la llegada de migrantes, pero el Ayuntamiento lo atribuye principalmente a personas en situación de vulnerabilidad (sinhogarismo, refugios temporales o movilidad extrema).¿Cómo funciona este empadronamiento?Es un procedimiento legal y obligatorio según la Ley de Bases de Régimen Local (1985) y las instrucciones del INE (2020), que exigen registrar a toda persona con residencia habitual en el municipio, incluso sin vivienda estable. En Barcelona, se hace así:

• Requisitos: Un "informe de conocimiento de residencia" emitido por servicios sociales (tras entrevista y verificación), más documento de identidad. No se necesita contrato de alquiler ni prueba de pago.
• Dirección asignada: Se usa una dirección administrativa municipal (oficinas de servicios sociales, centros de acogida o edificios públicos). Ejemplos reales: 3.885 personas en cinco edificios de Horta-Guinardó, o 5.900 en un solo local de Nou Barris.
• Propósito: Garantizar derechos básicos como la tarjeta sanitaria, becas escolares, ayudas al alquiler o acceso a comedores sociales. Sin padrón, muchas personas vulnerables (incluidos españoles) quedarían excluidas.

No es "ficticio" en el sentido fraudulento: el Ayuntamiento verifica casos y ha endurecido controles desde 2024 (por ejemplo, revisiones de oficio y límites en registros masivos), lo que ha reducido las nuevas solicitudes en un 50%.¿La mayoría magrebíes? No hay datos que lo confirmenEsta parte de la afirmación es especulativa y no está respaldada por fuentes oficiales. Ni el padrón municipal ni informes del Ayuntamiento desglosan la composición étnica o nacional de estos registros (por privacidad y normativa de protección de datos). Búsquedas en estadísticas públicas solo muestran que un porcentaje significativo son migrantes en general (como en toda la población de Barcelona, donde el 25% son extranjeros), pero no especifican "mayoría magrebíes". Ha habido bulos similares en el pasado, como el de "1.600 magrebíes en un piso" para cobrar ayudas, desmentido por EFE y RTVE en 2023 y 2024. Medios como Gaceta.es repiten el claim sin citar evidencia concreta, lo que sugiere amplificación política más que hechos.Derechos, ayudas y el "crujido" de impuestosSí, el padrón da acceso a servicios públicos financiados por impuestos locales y estatales. Críticos como el PP, Vox o Aliança Catalana argumentan que esto "infla" el padrón, distorsiona presupuestos (más fondos por habitante) y podría facilitar fraudes o redes ilegales (okupaciones, mafias de empadronamiento). Por ejemplo, Jordi Amela (AC) pide una auditoría urgente, y Dani Sirera (PP) ve en ello un "descontrol" que beneficia a "no residentes reales".Desde el otro lado, el Ayuntamiento (PSC-BComuns) y entidades sociales lo defienden como inclusión esencial: sin esto, el sinhogarismo (que afecta a 3.000-4.000 personas al año en Barcelona) se agravaría, y no solo son migrantes —hay españoles y europeos—. El coste real es debatible, pero estudios como el de La Vanguardia (2025) sugieren que el "miedo a perder ayudas" impulsa parte del aumento, no solo necesidad.En resumen, el problema existe y es sistémico (el padrón se ha "desbordado" por políticas de inclusión sin suficientes verificaciones), pero la narrativa de "magrebíes fraudulentos" parece más un gancho político que un hecho probado.