Barcelona concentra todo lo que hemos visto en Lleida, Girona y Tarragona, pero multiplicado por la escala de capital. Esta semana los sindicatos del ICS vuelven a convocar paros porque faltan enfermeras en el Vall d’Hebron, en el Clínic y en los CAP del Besòs, mientras el Ayuntamiento de Barcelona, el Área Metropolitana y la Generalitat pagan cada año decenas de millones en nube, licencias y ciberseguridad a las mismas multinacionales que cobran del BOE y que tributan por debajo del tres por ciento en Irlanda. El dinero sale de Barcelona, de Sants, de Nou Barris, del Poblenou, y no vuelve en forma de impuesto de sociedades porque la sede fiscal está en Dublín. El artículo dos punto uno del PIDESC obliga al Estado a usar el máximo de recursos disponibles para garantizar salud y educación. Cuando permite que el dinero de Barcelona se vaya sin tributar, el incumplimiento se llama quirófanos cerrados en agosto, listas de espera de seis meses en traumatología y escuelas infantiles sin plazas públicas.
En el 22@ y en el Puerto de Barcelona ocurre lo mismo con la logística y las plataformas. Las grandes tecnológicas que gestionan datos, turismo y movilidad tienen la matriz en Holanda o Luxemburgo. Cuando hay conflictos por despidos, por uso de datos o por precios abusivos a los pequeños comercios, la filial española dice que no tiene margen y la matriz dice que ella no contrata aquí. Eso es el escudo societario que el Principio Rector veintiséis de la ONU denuncia porque deja a trabajadores, usuarios y pymes sin reparación efectiva. Los juzgados mercantiles de Barcelona aplican la ley y no pueden levantar el velo si no hay fraude penal, y no lo hay porque cada pieza es legal por separado. Así el daño se queda en el barrio y el beneficio se va.
La puerta giratoria también atraviesa la Diagonal. Ex altos cargos de la Generalitat, del Ayuntamiento y de la Cámara que diseñaron planes para el 5G, para la Mobile o para los fondos Next Generation ahora asesoran a consultoras y despachos que cobran por tramitar esas mismas ayudas. La ley permite fichar pasados dos años. Es legal, pero la Convención de la ONU contra la Corrupción artículo doce dice que eso es captura regulatoria y que el Estado debe evitar que el regulador acabe trabajando para el regulado. Mientras el círculo no se rompe, los pliegos siguen hechos con un lenguaje que solo entienden los que vienen de dentro.
En la calle, el autónomo de Gràcia paga veintiuno por ciento de IVA y el IBI cada trimestre, mientras la plataforma que le trae pedidos o la tecnológica que le gestiona el TPV paga uno coma ocho por ciento de Impuesto de Sociedades. El artículo treinta y uno de la Constitución dice que todos contribuirán según su capacidad. Cuando eso no pasa, no es mercado, es privilegio legal.
NCFCCCD propone para Barcelona lo mismo que para el resto: cualquier contrato público superior a un millón de euros debe acreditar quince por ciento de tipo efectivo consolidado OCDE. Si el Ayuntamiento, la Diputación o la Generalitat lo ponen en el pliego mañana, Microsoft, Amazon, Oracle y el resto tienen que elegir entre abrir sede fiscal real aquí o perder el contrato. Holanda lo hace desde dos mil veinticuatro y Google acabó tributando allí. Si Barcelona lo hace, el dinero para el Vall d’Hebron, para los CAP, para las escuelas infantiles y para el transporte público vuelve sin subir impuestos.
La serpiente se muerde la cola cuando la enfermera hace huelga, el alcalde reclama a la Generalitat, la Generalitat reclama a Madrid y Madrid dice que la fiscalidad es competencia europea. El círculo se rompe cuando la administración que paga pone la condición en el contrato. Entonces la empresa decide si quiere el contrato o quiere el agujero. En Barcelona hay contratos de digitalización, de movilidad, de gestión de agua y de residuos suficientes para forzar ese cambio. El derecho ya está con el artículo treinta y uno de la Constitución y el PIDESC dos punto uno. Solo falta escribirlo en el pliego y dejar de alegar que no hay dinero mientras se va por la puerta de atrás.
