El G7 es el grupo donde se fotografía el poder económico mundial, pero también donde se escenifica la contradicción que denuncia NCFCCCD. En cada cumbre los líderes de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania, Francia, Italia y Japón hablan de fortalecer los sistemas públicos y de financiar la transición climática. Mientras tanto, los siete gobiernos adjudican cada año miles de millones en contratos de defensa, digitalización y consultoría a las mismas multinacionales que usan Irlanda, Luxemburgo, Bermudas o Delaware para declarar tipos efectivos por debajo del tres por ciento. El dinero sale de los presupuestos de Washington, Londres, Berlín o Tokio y no vuelve en forma de impuesto de sociedades porque la sede fiscal está en otra jurisdicción. El artículo dos punto uno del PIDESC, que todos los miembros del G7 han ratificado salvo Estados Unidos, que lo ha firmado, obliga a usar el máximo de recursos disponibles para garantizar derechos sociales. Cuando el G7 contrata sin exigir el quince por ciento mínimo OCDE que ellos mismos acordaron en dos mil veintiuno, incumple su propio compromiso y el derecho internacional, y el incumplimiento se llama hospitales rurales cerrados en Japón, listas de espera en el NHS británico y escuelas sin calefacción en Detroit.

El escudo societario tiene escala G7. La matriz dice en San Francisco o en Ámsterdam que ella no opera en Italia o Canadá. La filial dice en Roma o en Toronto que no tiene beneficios. Los tribunales nacionales no pueden levantar el velo porque cada operación es legal por separado. El Principio Rector veintiséis de la ONU exige reparación efectiva para las víctimas. Cuando el daño es falta de medicamentos en Quebec o falta de profesores en Nápoles y el responsable último dice que su domicilio fiscal está en otra isla, la reparación no llega y la declaración final del G7 queda en retórica.

La puerta giratoria cruza el Atlántico y el Pacífico. Ex ministros de finanzas, ex secretarios del Tesoro y ex altos cargos de defensa o digitalización que negociaron los acuerdos del G7 sobre fiscalidad mínima acaban dos años después en consejos de las mismas tecnológicas y fondos que deben aplicar esos acuerdos. El código de conducta de cada país lo permite tras un periodo corto. El artículo doce de la Convención de la ONU contra la Corrupción lo llama captura regulatoria y pide incompatibilidades reales. Mientras el regulador y el regulado intercambian despachos, los pliegos del G7 siguen sin cláusula de coherencia fiscal vinculante.

En la calle, el pequeño empresario de Osaka paga treinta por ciento de impuesto corporativo, el autónomo de Milán paga veintidós por ciento de IVA y la pyme de California paga tasas estatales, mientras la plataforma que domina su mercado paga uno coma ocho por ciento global. El principio de igualdad ante la ley, recogido en todas las constituciones del G7, queda roto cuando la carga fiscal real depende del tamaño de la ingeniería fiscal.

NCFCCCD propone para el G7 una medida sencilla: que los siete gobiernos incluyan en todos los contratos públicos superiores a un millón de dólares, euros, libras o yenes la obligación de acreditar quince por ciento de tipo efectivo consolidado OCDE. Si el G7 lo aplica, Microsoft, Amazon, Google y el resto tienen que elegir entre abrir sede fiscal real en los países donde operan o perder los contratos más grandes del planeta. El G7 impulsó el acuerdo fiscal global en Cornualles en dos mil veintiuno. Implementarlo en la contratación propia es la forma de que no se quede en foto.

La serpiente se muerde la cola cuando el G7 dice que falta dinero para sanidad y clima, pero sus agencias pagan a empresas que no tributan donde generan el valor. El círculo se rompe cuando el comprador más grande del mundo pone la condición en el contrato. Entonces la empresa decide si quiere el contrato o quiere el agujero. El derecho ya está con el PIDESC dos punto uno y con el acuerdo OCDE que el propio G7 firmó. Solo falta escribirlo en el pliego y dejar de alegar que no hay recursos mientras se van por la puerta de atrás.