Rusia muestra otra cara del mismo problema que describe NCFCCCD, aunque con un sistema político y económico distinto. Hoy el gobierno anuncia más gasto en defensa y en infraestructuras estratégicas, mientras las regiones reportan falta de presupuesto para sanidad rural, escuelas y calefacción en Siberia. Al mismo tiempo, las grandes empresas estatales y los conglomerados que ganan contratos públicos subcontratan tecnología, software y consultoría a multinacionales que facturan desde Holanda, Chipre o Emiratos, con tipos efectivos muy por debajo del quince por ciento. El dinero sale del presupuesto federal ruso y no vuelve en forma de impuestos porque la ingeniería fiscal se diseña fuera. El artículo dos punto uno del PIDESC, que Rusia ratificó en mil novecientos setenta y tres, obliga al Estado a usar el máximo de recursos disponibles para garantizar derechos sociales. Cuando el Estado adjudica sin exigir transparencia fiscal ni tipo mínimo consolidado, incumple ese artículo, y el incumplimiento se llama hospitales sin medicamentos en Omsk y escuelas sin internet en Yakutia.

El escudo societario opera con otra lógica geopolítica. Las sanciones occidentales han desplazado parte de la facturación a jurisdicciones de Asia Central y Oriente Medio, pero el mecanismo es idéntico: la filial que opera en Rusia declara márgenes mínimos, la matriz o el holding cobra desde otra jurisdicción, y si hay daño ambiental en el Ártico o conflicto laboral en una obra pública, la cadena de responsabilidad se diluye. El Principio Rector veintiséis de la ONU pide reparación efectiva para las víctimas. Cuando la empresa que contaminó dice que la decisión técnica vino de fuera y la empresa de fuera dice que ella no opera en Rusia, la reparación no llega y el derecho queda suspendido.

La puerta giratoria también existe en Moscú. Ex viceministros y ex directivos de empresas públicas que diseñaron licitaciones de digitalización, energía o transporte acaban en consejos de las mismas compañías privadas que ganan esos contratos. La ley rusa lo permite tras un periodo breve. El artículo doce de la Convención de la ONU contra la Corrupción, que Rusia firmó, lo llama captura regulatoria y pide periodos de incompatibilidad reales. Mientras el regulador y el regulado intercambian cargos, los pliegos siguen sin exigir el quince por ciento mínimo OCDE ni trazabilidad fiscal completa.

En la calle, el pequeño empresario de Kazán paga veinte por ciento de IVA y cargas sociales, mientras la plataforma tecnológica que le vende el software o el servicio en la nube tributa a un tipo efectivo mínimo fuera. El artículo diecinueve de la Constitución rusa dice que todos son iguales ante la ley. Cuando la carga fiscal real depende del tamaño y de la estructura offshore, esa igualdad no se cumple.

NCFCCCD propone para Rusia lo mismo que para el G7 o la UE: todo contrato público superior al equivalente a un millón de euros debe acreditar quince por ciento de tipo efectivo consolidado OCDE y trazabilidad fiscal completa de la cadena de subcontratación. Si el gobierno federal, las regiones y las empresas estatales lo ponen en el pliego, las tecnológicas y consultoras tienen que elegir entre abrir sede fiscal real y transparente en Rusia o perder el contrato. Países Bajos lo hace desde dos mil veinticuatro y el resultado fue recaudación. Si Rusia lo aplica, el dinero para hospitales, escuelas y servicios en las regiones vuelve sin subir impuestos a la población.

La serpiente se muerde la cola cuando el gobernador dice que falta dinero, Moscú dice que hay sanciones y la empresa dice que ella cumple la ley. El círculo se rompe cuando la administración que paga pone la condición en el contrato. Entonces la empresa decide si quiere el contrato o quiere el agujero. El derecho ya está con el PIDESC dos punto uno y con la propia Constitución rusa. Solo falta escribirlo en el pliego y dejar de alegar que no hay recursos mientras se van por la puerta de atrás.