La Unión Europea es el tablero donde se decide si el círculo que denuncia NCFCCCD se rompe o se perpetúa. Hoy la Comisión anuncia nuevos fondos para digitalización, defensa y transición verde, y al mismo tiempo los Estados miembros dicen que no tienen margen fiscal para reforzar sanidad o educación. La contradicción está en los contratos. Bruselas, las agencias europeas y los gobiernos nacionales adjudican cada año miles de millones de euros a las mismas multinacionales que usan Irlanda, Luxemburgo y Países Bajos para declarar tipos efectivos por debajo del tres por ciento. El dinero sale del presupuesto europeo, pasa por Madrid, Berlín, París o Varsovia y no vuelve en forma de impuesto de sociedades porque la sede fiscal está en Dublín. El artículo dos punto uno del PIDESC, que todos los Estados miembros han ratificado y que forma parte del acervo de derechos humanos de la Unión según el artículo seis del TUE, obliga a usar el máximo de recursos disponibles para garantizar derechos sociales. Cuando la UE contrata sin exigir el quince por ciento mínimo OCDE, incumple ese artículo en cada adjudicación, y el incumplimiento se llama recortes en hospitales de Grecia, escuelas sin calefacción en Lituania y listas de espera en Portugal.
El escudo societario tiene escala europea. Las matrices dicen en Ámsterdam que ellas no operan en España o Francia. Las filiales dicen en Barcelona o Lyon que no tienen beneficios. Los tribunales nacionales no pueden levantar el velo porque cada pieza es legal, y el Tribunal de Justicia de la UE solo interviene si hay violación del derecho europeo. El Principio Rector veintiséis de la ONU exige reparación efectiva para las víctimas. Cuando el daño es falta de médicos en Rumanía y el responsable último dice que su domicilio fiscal está en otra jurisdicción, la reparación no llega y el derecho de la Unión queda vacío de contenido social.
La puerta giratoria atraviesa Bruselas. Ex comisarios, ex directores generales y ex altos funcionarios que redactaron reglamentos de inteligencia artificial, de datos o de contratación pública acaban dos años después en las consultoras y tecnológicas que asesoran sobre cómo cumplir esos mismos reglamentos. El código de conducta de la Comisión lo permite tras un periodo de enfriamiento. El artículo doce de la Convención de la ONU contra la Corrupción lo llama captura regulatoria y pide incompatibilidades reales. Mientras el regulador y el regulado intercambian despachos en Schuman, los pliegos europeos siguen sin cláusula de coherencia fiscal y sin exigir el tipo mínimo consolidado.
En la calle, el autónomo de Eslovaquia paga veintiuno por ciento de IVA y la pyme de Croacia paga cuotas cada mes, mientras la plataforma que domina su sector paga uno coma ocho por ciento de Impuesto de Sociedades. El artículo veinte de la Carta de Derechos Fundamentales dice que todas las personas son iguales ante la ley. Cuando la carga fiscal real depende del tamaño de la ingeniería fiscal, esa igualdad no existe.
NCFCCCD propone para la UE una línea en la Directiva de Contratación Pública y en el Reglamento Financiero: todo contrato superior a un millón de euros debe acreditar quince por ciento de tipo efectivo consolidado OCDE. Si el Consejo y el Parlamento lo aprueban, Microsoft, Amazon, Oracle y el resto tienen que elegir entre abrir sede fiscal real en un Estado miembro o perder los contratos europeos. Países Bajos ya lo aplica desde dos mil veinticuatro y Google acabó tributando. Si la UE lo generaliza, el dinero para sanidad, educación y transición ecológica vuelve sin subir impuestos a los ciudadanos.
La serpiente se muerde la cola cuando el alcalde reclama al gobierno, el gobierno reclama a Bruselas y Bruselas dice que la fiscalidad es competencia nacional. El círculo se rompe cuando la Unión que paga pone la condición en el contrato. Entonces la empresa decide si quiere el contrato o quiere el agujero. La UE tiene el mayor volumen de contratación pública del mundo. El derecho ya está con el TUE artículo seis, la Carta artículo veinte y el PIDESC dos punto uno. Solo falta escribirlo en el pliego y dejar de alegar que no hay dinero mientras se va por la puerta de atrás.
