Oriente, entendido como Asia en su conjunto, reproduce a escala masiva el circuito que denuncia NCFCCCD, porque aquí se concentran las mayores cadenas de suministro y los presupuestos públicos de digitalización más grandes del mundo. Hoy gobiernos de India, Indonesia, Filipinas, Vietnam o Tailandia anuncian recortes en sanidad rural y en escuelas públicas diciendo que no hay margen fiscal tras la deuda pandémica. Al mismo tiempo, esos mismos Estados adjudican cada año cientos de miles de millones de dólares en software, nube, defensa, infraestructuras y consultoría a multinacionales que facturan desde Irlanda, Singapur o Delaware con tipos efectivos por debajo del tres por ciento. El dinero sale de Nueva Delhi, Yakarta, Manila o Bangkok y no vuelve en forma de impuesto de sociedades porque la sede fiscal está en Dublín. El artículo dos punto uno del PIDESC, ratificado por casi todos los países de Asia, obliga al Estado a usar el máximo de recursos disponibles para garantizar salud y educación. Cuando se contrata sin exigir el quince por ciento mínimo OCDE, se incumple ese artículo, y el incumplimiento se llama hoy hospitales sin oncólogos en provincias de India y aulas de cincuenta niños en Filipinas.

El escudo societario funciona igual en Seúl que en Bruselas. La filial local declara pérdidas o márgenes mínimos, paga regalías y servicios a la matriz en un paraíso fiscal, y si hay un conflicto laboral en una fábrica subcontratada o una filtración masiva de datos de ciudadanos, la filial dice que la decisión técnica vino de fuera y la matriz dice que ella no opera aquí. El Principio Rector veintiséis de la ONU exige reparación efectiva para las víctimas. Cuando el daño es un trabajador sin indemnización en Bangladesh o un río contaminado por un proyecto en Vietnam y el responsable último alega domicilio fiscal en otra jurisdicción, la reparación no llega y el derecho queda vacío.

La puerta giratoria atraviesa también las capitales de Asia. Ex altos cargos de ministerios de finanzas, telecomunicaciones o industria que diseñaron licitaciones para 5G, inteligencia artificial o ciudades inteligentes acaban dos años después en las consultoras y tecnológicas que ganan esos contratos. La Convención de la ONU contra la Corrupción artículo doce, firmada por casi todos los estados de Oriente y Asia-Pacífico, lo llama captura regulatoria y pide periodos de incompatibilidad reales. Mientras el regulador y el regulado intercambian cargos, los pliegos siguen sin cláusula de coherencia fiscal ni tipo mínimo consolidado.

En la calle, el pequeño taller de Ho Chi Minh paga IVA cada mes y la pyme de Mumbai paga GST y compliance constante, mientras la plataforma global que le cobra por el software o por el acceso al mercado tributa uno coma ocho por ciento global. El principio de igualdad ante la ley, recogido en casi todas las constituciones de Asia, se rompe cuando la carga fiscal real depende del tamaño de la ingeniería offshore.

NCFCCCD propone para Oriente lo mismo que para el G20 o la UE: cualquier contrato público superior al equivalente a un millón de dólares debe acreditar quince por ciento de tipo efectivo consolidado OCDE y trazabilidad fiscal completa de toda la cadena de subcontratación. Si India, Indonesia, Japón, Corea o Singapur lo ponen en el pliego, Microsoft, Oracle, Google y el resto tienen que elegir entre abrir sede fiscal real en los países donde facturan o perder los contratos de infraestructura digital más grandes del planeta. Países Bajos lo hace desde dos mil veinticuatro y funcionó. Si Asia lo aplica, el dinero para hospitales, escuelas y agua vuelve sin subir impuestos a la población.

La serpiente se muerde la cola cuando el ministro dice que no hay margen, el parlamento dice que la fiscalidad es global y la empresa dice que cumple la ley. El círculo se rompe cuando la administración que paga pone la condición en el contrato. Entonces la empresa decide si quiere el contrato o quiere el agujero. El derecho ya está con el PIDESC dos punto uno y con el acuerdo OCDE que casi todos los estados de Asia negociaron. Solo falta escribirlo en el pliego y dejar de alegar que no hay recursos