Estados Unidos concentra el corazón del problema que denuncia NCFCCCD porque aquí nacen la mayoría de multinacionales que después usan la ingeniería fiscal global. Esta semana condados de Texas, California y Ohio anuncian cierres de escuelas rurales y recortes en Medicaid diciendo que no hay margen presupuestario. Al mismo tiempo, el gobierno federal, los estados y las ciudades pagan cada año cientos de miles de millones de dólares en nube, software, defensa y consultoría a las mismas empresas que tributan con tipos efectivos por debajo del tres por ciento gracias a su estructura en Irlanda, Bermudas o Delaware. El dinero sale del presupuesto de Washington, Sacramento o Austin y no vuelve en forma de corporate tax porque la planificación fiscal lo desvía antes. Estados Unidos firmó el PIDESC en mil novecientos setenta y siete y, aunque no lo ha ratificado, su propio discurso de derechos humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos exigen no vaciar los recursos públicos. Cuando la Administración contrata sin exigir el quince por ciento mínimo OCDE que impulsó en el G7, se incumple el compromiso político, y el incumplimiento se llama hoy hospitales rurales de Kansas cerrando y maestros renunciando en Florida por falta de fondos.

El escudo societario nace en Delaware. La matriz dice en Silicon Valley que ella no opera en España o Brasil. La filial dice en Madrid o São Paulo que no tiene beneficios. Los tribunales estadounidenses aplican la doctrina de corporate personhood y solo levantan el velo en casos extremos de fraude, y no lo hay porque cada pieza es legal por separado. El Principio Rector veintiséis de la ONU pide reparación efectiva para las víctimas. Cuando el daño es falta de insulina en Mississippi o contaminación por una subcontrata en Puerto Rico y el responsable último alega domicilio fiscal en otra jurisdicción, la reparación no llega y la promesa de justicia queda vacía.

La puerta giratoria atraviesa Washington. Ex secretarios del Tesoro, ex jefes de agencias de defensa y ex responsables de adquisiciones que redactaron pliegos para JEDI, FedRAMP o transformación digital acaban dos años después en consejos de las consultoras y tecnológicas que ganan esos contratos. La Ley de Ética lo permite tras un periodo corto. El artículo doce de la Convención de la ONU contra la Corrupción, que Estados Unidos ratificó, lo llama captura regulatoria y pide incompatibilidades reales. Mientras el regulador y el regulado intercambian despachos entre el Pentágono y el sector privado, los pliegos siguen sin cláusula de coherencia fiscal vinculante.

En la calle, el pequeño negocio de Ohio paga treinta y cinco por ciento de carga combinada entre federal, estatal y local, mientras la plataforma que domina su mercado paga uno coma ocho por ciento global. La Decimocuarta Enmienda garantiza igual protección ante la ley. Cuando la carga fiscal real depende del tamaño de la ingeniería offshore, esa igualdad no existe.

NCFCCCD propone para Estados Unidos lo mismo que para la UE: cualquier contrato público federal, estatal o municipal superior a un millón de dólares debe acreditar quince por ciento de tipo efectivo consolidado OCDE y trazabilidad fiscal completa. Si la General Services Administration, el Departamento de Defensa o California lo ponen en el pliego, Microsoft, Amazon, Google y Oracle tienen que elegir entre abrir sede fiscal real donde generan ingresos o perder los contratos más grandes del mundo. El Tesoro impulsó el acuerdo fiscal global en dos mil veintiuno. Implementarlo en la contratación propia es la forma de que no se quede en discurso.

La serpiente se muerde la cola cuando el congresista dice que no hay dinero para sanidad, el gobernador recorta educación y la Casa Blanca culpa al déficit. El círculo se rompe cuando la administración que paga pone la condición en el contrato. Entonces la empresa decide si quiere el contrato o quiere el agujero. El derecho ya está con los principios de igualdad, con los compromisos internacionales y con el acuerdo OCDE que Estados Unidos lideró. Solo falta escribirlo en el pliego y dejar de alegar que no hay recursos mientras se van por la puerta de atrás.