Suramérica vive el mismo circuito que denuncia NCFCCCD, pero con una urgencia social que se mide en hospitales sin insumos y escuelas sin techo. Esta semana en Bogotá, Lima, Buenos Aires y Santiago se repiten los titulares: falta presupuesto para medicamentos oncológicos, para pagar a profesores y para reparar la red de agua. Al mismo tiempo, los gobiernos nacionales, provinciales y municipales pagan cada año miles de millones de dólares en software, nube, consultoría y seguridad a multinacionales que facturan desde Irlanda, Países Bajos o Delaware con tipos efectivos por debajo del tres por ciento. El dinero sale del erario de Colombia, Perú, Argentina o Chile y no vuelve en forma de impuesto de sociedades porque la sede fiscal está en Dublín. El artículo dos punto uno del PIDESC, que todos los países de Suramérica han ratificado, obliga al Estado a usar el máximo de recursos disponibles para garantizar salud, educación y seguridad social. Cuando se adjudica sin exigir el quince por ciento mínimo OCDE, se incumple ese artículo, y el incumplimiento se llama hoy niños sin vacantes en escuelas públicas de São Paulo y pacientes dializados esperando turno en Caracas.

El escudo societario atraviesa la cordillera y el Amazonas. La filial local declara pérdidas o márgenes mínimos, paga regalías y licencias a la matriz en un paraíso fiscal, y si hay un conflicto laboral en un call center, una filtración de datos ciudadanos o un daño ambiental en una obra, la filial dice que la decisión vino de fuera y la matriz dice que ella no opera aquí. El Principio Rector veintiséis de la ONU exige reparación efectiva. Cuando el daño es un barrio sin agua en Guayaquil por una obra mal ejecutada y el responsable último alega domicilio fiscal en otra jurisdicción, la reparación no llega y el derecho queda vacío.

La puerta giratoria se ve en cada capital. Ex ministros de Hacienda, ex secretarios de Modernización y ex directores de agencias digitales que redactaron pliegos de transformación del Estado acaban dos años después en las consultoras y tecnológicas que ganan esos contratos. La Convención de la ONU contra la Corrupción artículo doce, firmada por todos los países de la región, lo llama captura regulatoria y pide periodos de incompatibilidad reales. Mientras el regulador y el regulado intercambian cargos, los pliegos siguen sin cláusula de coherencia fiscal ni tipo mínimo consolidado.

En la calle, el kiosquero de La Paz paga IVA cada día y la pyme de Montevideo paga veinticinco por ciento de IRAE, mientras la plataforma global que le cobra la pasarela de pago o el software tributa uno coma ocho por ciento global. El principio de igualdad ante la ley, presente en todas las constituciones suramericanas, se quiebra cuando la carga fiscal real depende del tamaño de la ingeniería offshore.

NCFCCCD propone para Suramérica lo mismo que para la UE o el G20: cualquier contrato público superior al equivalente a un millón de dólares debe acreditar quince por ciento de tipo efectivo consolidado OCDE y trazabilidad fiscal completa de la cadena de subcontratación. Si Brasil, Argentina, Colombia o Chile lo ponen en el pliego, Microsoft, Oracle, SAP y el resto tienen que elegir entre abrir sede fiscal real en la región o perder contratos de digitalización, salud y defensa que suman miles de millones. Países Bajos lo hace desde dos mil veinticuatro y recaudó. Si Suramérica lo aplica, el dinero para hospitales, escuelas y agua potable vuelve sin subir impuestos a la gente.

La serpiente se muerde la cola cuando el alcalde dice que no hay plata, el gobernador reclama a Nación y Nación dice que la culpa es del FMI. El círculo se rompe cuando la administración que paga pone la condición en el contrato. Entonces la empresa decide si quiere el contrato o quiere el agujero. El derecho ya está con el PIDESC dos punto uno y con los acuerdos OCDE que los países de la región negociaron. Solo falta escribirlo en el pliego y dejar de alegar que no hay recursos mientras se van por la puerta de atrás.