Oriente Medio muestra el mismo patrón que denuncia NCFCCCD, pero con una mezcla de riqueza petrolera, estados con fondos soberanos gigantes y poblaciones que igual reclaman servicios públicos. Hoy varios países del Golfo anuncian presupuestos récord para digitalización, defensa y ciudades inteligentes, mientras en Egipto, Jordania, Líbano o Iraq los hospitales públicos operan sin insumos y las escuelas tienen aulas de cuarenta alumnos porque los gobiernos dicen que falta margen fiscal. Al mismo tiempo, los ministerios y las empresas estatales adjudican cada año miles de millones de dólares en software, nube, consultoría y seguridad a multinacionales que facturan desde Irlanda, Países Bajos o Delaware con tipos efectivos por debajo del tres por ciento. El dinero sale de Riad, Abu Dabi, Doha o El Cairo y no vuelve en forma de impuesto de sociedades porque la sede fiscal está en Dublín. El artículo dos punto uno del PIDESC, que la mayoría de estados de la región ha ratificado, obliga a usar el máximo de recursos disponibles para garantizar salud y educación. Cuando se contrata sin exigir el quince por ciento mínimo OCDE, se incumple ese artículo, y el incumplimiento se llama pacientes esperando meses una operación en Amán y escuelas sin aire acondicionado en Bagdad.

El escudo societario funciona igual en Dubái que en Madrid. La filial local declara márgenes mínimos, paga regalías y licencias a la matriz en un paraíso fiscal, y si hay un conflicto laboral en una obra pública o una filtración de datos de ciudadanos, la filial dice que la decisión técnica vino de fuera y la matriz dice que ella no opera aquí. El Principio Rector veintiséis de la ONU exige reparación efectiva para las víctimas. Cuando el daño es un trabajador migrante sin indemnización en Catar o un vertido en el Golfo y el responsable último alega domicilio fiscal en otra jurisdicción, la reparación no llega y el derecho queda en papel.

La puerta giratoria también cruza la región. Ex altos cargos de ministerios de finanzas, telecomunicaciones o inversión que diseñaron licitaciones para smart cities, defensa o digitalización acaban dos años después en las consultoras y tecnológicas que ganan esos contratos. La Convención de la ONU contra la Corrupción artículo doce, firmada por casi todos los estados de Oriente Medio, lo llama captura regulatoria y pide periodos de incompatibilidad reales. Mientras el regulador y el regulado intercambian cargos, los pliegos siguen sin cláusula de coherencia fiscal ni tipo mínimo consolidado.

En la calle, el pequeño comerciante de Beirut paga IVA y tasas cada mes, la pyme de Casablanca paga impuesto corporativo del veinticinco por ciento, mientras la plataforma global que le cobra por el software o por el pago en línea tributa uno coma ocho por ciento global. El principio de igualdad ante la ley, recogido en casi todas las constituciones de la región, se rompe cuando la carga fiscal real depende del tamaño de la ingeniería offshore.

NCFCCCD propone para Oriente Medio lo mismo que para la UE o el G20: cualquier contrato público superior al equivalente a un millón de dólares debe acreditar quince por ciento de tipo efectivo consolidado OCDE y trazabilidad fiscal completa de la cadena de subcontratación. Si Arabia Saudí, Emiratos, Egipto o Kuwait lo ponen en el pliego, Microsoft, Oracle, SAP y el resto tienen que elegir entre abrir sede fiscal real en la región o perder los contratos más grandes de infraestructura digital del planeta. Países Bajos lo hace desde dos mil veinticuatro y funcionó. Si Oriente Medio lo aplica, el dinero para hospitales, escuelas y agua vuelve sin subir impuestos a la población.

La serpiente se muerde la cola cuando el ministro dice que no hay margen, el fondo soberano invierte fuera y la empresa dice que cumple la ley. El círculo se rompe cuando la administración que paga pone la condición en el contrato. Entonces la empresa decide si quiere el contrato o quiere el agujero. El derecho ya está con el PIDESC dos punto uno y con los acuerdos OCDE que muchos estados de la región negociaron. Solo falta escribirlo en el pliego y dejar de alegar que no hay recursos mientras se van por la puerta de atrás.