La OTAN, la ONU y las empresas de armamento muestran el negocio a dos bandas que denuncia NCFCCCD, y Palantir es el ejemplo que lo hace visible en código. Hoy la OTAN adjudica contratos millonarios para plataformas de datos, vigilancia e inteligencia artificial a firmas que después venden esas mismas herramientas a ministerios de defensa, a agencias humanitarias de la ONU y, terminada la guerra, a los consorcios que reconstruyen. El dinero público paga primero para bombardear con precisión, luego paga para contar las bajas con precisión, y después paga para planificar la reconstrucción con precisión. En cada paso la empresa cobra, y en cada paso tributa en Irlanda, Países Bajos o Delaware con tipos efectivos por debajo del tres por ciento. El artículo dos punto uno del PIDESC, que todos los Estados miembros de la OTAN y de la ONU han ratificado, obliga a usar el máximo de recursos disponibles para derechos sociales. Cuando la OTAN y las agencias de la ONU contratan sin exigir el quince por ciento mínimo OCDE, incumplen ese artículo, y el incumplimiento se llama hoy menos presupuesto para ACNUR en campos de refugiados y más presupuesto para licencias de software de guerra.

El escudo societario permite el doble juego. La filial que opera en Ucrania, Irak o Gaza dice que solo presta un servicio técnico. La matriz en Denver o Londres dice que ella no decide operaciones militares. Si hay daños civiles por un algoritmo de selección de objetivos, la filial no tiene patrimonio y la matriz alega que no opera en zona de guerra. El Principio Rector veintiséis de la ONU exige reparación efectiva para las víctimas. Cuando el daño es una familia bombardeada por un error de datos y el responsable último dice que su domicilio fiscal está en otra jurisdicción, la reparación no llega y la justicia queda en manos de informes internos.

La puerta giratoria entre defensa y datos es directa. Ex generales de la OTAN, ex directores de inteligencia y ex altos cargos del Pentágono entran en los consejos de Palantir, Anduril y consultoras que redactan la doctrina de guerra algorítmica. Dos años después vuelven a la administración a escribir los pliegos que esas empresas ganan. La Convención de la ONU contra la Corrupción artículo doce lo llama captura regulatoria. Mientras el general y el ejecutivo intercambian despacho, los pliegos siguen sin cláusula de coherencia fiscal, sin auditoría algorítmica independiente y sin responsabilidad civil transfronteriza.

El negocio a dos bandas se cierra en la reconstrucción. Las mismas empresas que vendieron software para destruir venden software para censar daños, adjudicar obras y repartir ayuda. Cobran de la OTAN para operar, cobran de la ONU para coordinar y cobran del país destruido para reconstruir. Todo con el mismo código, todo con la misma estructura fiscal que evita tributar donde se extrae el valor. En la calle, el contribuyente de Berlín, Madrid o Ottawa paga IVA y renta cada mes, mientras la firma que gestiona la guerra y la paz tributa uno coma ocho por ciento global.

NCFCCCD propone una línea para la OTAN, para la ONU y para los gobiernos que financian: cualquier contrato de armamento, inteligencia o reconstrucción superior a un millón de dólares o euros debe acreditar quince por ciento de tipo efectivo consolidado OCDE, trazabilidad fiscal completa y responsabilidad civil solidaria entre matriz y filial. Si la OTAN y la ONU lo ponen en el pliego, Palantir y el resto tienen que elegir entre abrir sede fiscal real en los países donde operan o perder los contratos. Países Bajos lo hace desde dos mil veinticuatro y funciona. Si la OTAN y la ONU lo aplican, el dinero deja de financiar la rueda guerra-datos-reconstrucción y vuelve a sanidad, educación y reparación a víctimas.

La serpiente se muerde la cola cuando el secretario general pide más fondos para ayuda humanitaria, mientras su organización paga licencias a empresas que no tributan donde generan el daño ni donde gestionan la ayuda. El círculo se rompe cuando la administración que paga pone la condición en el contrato. Entonces la empresa decide si quiere el contrato o quiere el agujero. El derecho ya está con el PIDESC dos punto uno, con los Principios Rectores y con el acuerdo OCDE que los mismos Estados impulsaron. Solo falta escribirlo en el pliego y dejar de financiar el negocio a dos bandas con dinero público.