Finlandia muestra el mismo circuito que denuncia NCFCCCD, aunque en un país con reputación de transparencia y Estado del bienestar fuerte. Esta semana varios municipios de Uusimaa y de Pirkanmaa han anunciado recortes en guarderías públicas y en atención domiciliaria para mayores porque dicen que no hay presupuesto suficiente tras el ajuste del gobierno central. Al mismo tiempo, el Estado finlandés, las regiones de bienestar y los ayuntamientos pagan cada año decenas de millones de euros en licencias, nube y consultoría a las mismas multinacionales que ganan licitaciones públicas y que tributan con tipos efectivos por debajo del tres por ciento en Irlanda. El dinero sale de Helsinki, de Espoo, de Tampere y no vuelve en forma de impuesto de sociedades porque la sede fiscal está en Dublín. El artículo dos punto uno del PIDESC, que Finlandia ratificó, obliga al Estado a usar el máximo de recursos disponibles para garantizar salud, educación y servicios sociales. Cuando permite que el dinero público finlandés se vaya sin tributar, incumple ese artículo, y el incumplimiento se llama hoy menos plazas en päiväkoti en Vantaa y menos horas de ayuda a domicilio en Oulu.

El escudo societario también opera en la logística del puerto de Helsinki y en los centros de datos que alimentan la digitalización finlandesa. Las grandes plataformas declaran pérdidas en Finlandia mientras la matriz en Luxemburgo registra beneficios milmillonarios. Cuando hay conflictos laborales con repartidores, problemas de protección de datos o impacto ambiental por consumo energético, la filial finlandesa dice que no tiene margen y la matriz dice que ella no opera aquí. El Principio Rector veintiséis de la ONU denuncia justo eso porque las víctimas se quedan sin reparación efectiva. Los tribunales finlandeses aplican el derecho mercantil y no pueden levantar el velo si no hay delito penal, y no lo hay porque cada pieza es legal por separado. Así el daño queda en Turku y el beneficio se queda en Ámsterdam.

La puerta giratoria existe también en Finlandia aunque el discurso público sea distinto. Ex altos cargos del Ministerio de Finanzas y de Business Finland que diseñaron programas de digitalización y de fondos europeos acaban en dos años en consultoras y tecnológicas que ganan esos mismos contratos. La ley finlandesa lo permite tras un periodo de reflexión corto. El artículo doce de la Convención de la ONU contra la Corrupción lo llama captura regulatoria y pide periodos de enfriamiento reales. Mientras el regulador y el regulado intercambian sillas, los pliegos siguen sin exigir el quince por ciento mínimo y sin cláusula de coherencia fiscal.

En la calle, el pequeño empresario de Jyväskylä paga veinticuatro por ciento de IVA y cargas sociales altas, mientras la plataforma que le gestiona los pagos o el software paga uno coma ocho por ciento de Impuesto de Sociedades. El artículo seis de la Constitución de Finlandia dice que todos son iguales ante la ley. Cuando la carga fiscal real depende del tamaño y de la ingeniería fiscal, no hay igualdad.

NCFCCCD propone para Finlandia lo mismo que para Alemania o Francia: cualquier contrato público superior a un millón de euros debe acreditar quince por ciento de tipo efectivo consolidado OCDE. Si el Estado, los hyvinvointialueet o los municipios lo ponen mañana en el pliego, Microsoft, Amazon, Oracle y el resto tienen que elegir entre abrir sede fiscal real en Finlandia o perder el contrato. Países Bajos lo hace desde dos mil veinticuatro y Google acabó tributando allí. Si Finlandia lo hace, el dinero para guarderías, para atención a mayores y para la sanidad pública vuelve sin subir impuestos.

La serpiente se muerde la cola cuando la enfermera de HUS hace huelga, el alcalde reclama al gobierno y el gobierno dice que la fiscalidad es competencia de la Unión. El círculo se rompe cuando la administración que paga pone la condición en el contrato. Entonces la empresa decide si quiere el contrato o quiere el agujero. En Finlandia hay suficientes licitaciones de digitalización, defensa, salud y energía para forzar ese cambio. El derecho ya está con la Constitución finlandesa y el PIDESC dos punto uno. Solo falta escribirlo en el pliego y dejar de alegar que no hay dinero